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El empresario que gana litigio a Slim denuncia la “corrupción” que reina Panamá 

El empresario que gana litigio a Slim denuncia la "corrupción" que reina Panamá
El empresario panameño Julio Cesar Lisac habla durante una entrevista con Efe hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, en Ciudad de Panamá (Panamá). Lisac, en cuyo favor un tribunal ordenó embargar una hidroeléctrica al magnate mexicano Carlos Slim en Panamá, dijo a Efe que este caso es resultado de la "corrupción" reinante en Panamá. EFE

Panamá, 28 nov (EFE).- El empresario panameño Julio César Lisac, en cuyo favor un tribunal ordenó embargar una hidroeléctrica al magnate mexicano Carlos Slim en Panamá, dijo a Efe que este caso es resultado de la “corrupción” reinante en Panamá y se mostró dispuesto a negociar.
“No queremos causar transtornos (…) lo que queremos es que se cumpla sentencia, y si hay algún inconveniente de interés nacional, pues sentémonos a negociar”, dijo Lisac, de 82 años, en una entrevista con Efe este viernes en su despacho en la capital panameña.
Flanqueado por su abogado, José Góndola, y su socio y representante de la empresa estadounidense Trans Global Green Energy, Rick Reyes, el veterano empresario explicó que en 2005 obtuvo la concesión para construir y operar una hidroeléctrica de 54 megavatios en el occidente de Panamá.
En un decisión “arbitraria”, el Estado le quitó esa concesión en 2006 para dársela a la empresa Ideal Panamá S.A., propiedad de Slim, la segunda persona más rica del mundo según la revista Forbes, dijo Lisac.
Tras un litigio de 4 años, en noviembre de 2010, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró ilegal la cancelación de la concesión a Lisac y dejó sin efecto la otorgada a la empresa de Slim.
El fallo del Supremo nunca se cumplió, como tampoco se ha ejecutado un embargo dictado el pasado día 20 por un tribunal civil como medida de aseguramiento de la hidroeléctrica Bajo de Mina, operativa, y otras propiedades de la empresa Ideal Panamá S.A., producto de la sentencia de 2010, precisaron Lisac y su abogado.
“Podemos hasta tenderles un puente de oro (a la empresa de Slim) para que vengan a resolver el asunto de cualquier manera en donde estemos satisfechos (…) no con las ofertas irrisorias que me mandaron bien se produjo el fallo (de 2010), y las ofertas venían del Gobierno, que no tiene por qué pagar”, expresó Lisac.
Recalcó que tanto el cumplimiento del fallo del Supremo como una eventual salida negociada “satisfactoria” para él y su socia estadounidense evitaría un daño al Estado panameño, que enfrenta un arbitraje internacional interpuesto por Trans Global Green Energy por el que podría pagar hasta 2.500 millones de dólares.
El Estado panameño debe además hacer frente a una demanda de indemnización de “103 millones de dólares, que crece 4 millones de dólares cada mes”, interpuesta por Lisac y que fue admitida por el Supremo en 2013, precisó el abogado Góndola.
“El Gobierno se está exponiendo a un arbitraje tan caro y a una indemnización tremenda por proteger los intereses de este mexicano”, dijo Lisac, quien aseveró que Slim fue favorecido por el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Lisac, ataviado con una camisa blanca y una boina azul, habla pausado y afirma que su caso exhibe la “corrupción” en Panamá, porque solo una “mano peluda” puede propiciar que se quite una concesión de forma supuestamente irregular, y evitar que se cumpla una sentencia de la máxima corte y otra de un tribunal civil.
“Hay un auto ordenando el embargo de la cuentas de los bancos, los terrenos, el complejo hidroeléctrico, la planta. Hay nombrado un administrador judicial, que es Rogelio Cruz, y ya tomó posesión, los peritos evaluadores ya han sido nombrados y tomaron posesión. Pero otra vez la mano peluda de alguien. Ha pasado una semana y no se ha llegado a dar los oficios” para ejecutar la medida, afirmó.
“Los intereses creados son los que están manejando esto. Aquí hay corrupción (…) la omisión que pueda hacer este Gobierno (del presidente, Juan Carlos Varela) también va a ser en contra de los intereses nacionales”, dijo.
Por su parte, Reyes aseguró que el arbitraje internacional ante un organismo del Banco Mundial (BM) está activo, y que su empresa pagó los “200.000 dólares” requeridos para iniciar el proceso pero que hasta ahora el Estado panameño no lo ha hecho.
“Lo que están haciendo es perder el tiempo. Al no poner el dinero el arbitraje se suspende seis meses. Es la estrategia para que Slim pueda recoger plata y su inversión”, afirmó Reyes.
“Estamos muy próximos a tomar posesión (de los bienes embargados) pero si no lo hiciéramos, en el arbitraje tenemos todas las esperanzas fundadas de que esto va a salir. Tarde o temprano el gobierno de Panamá, el país, tendría que pagar las consecuencias de un hombre de la calidad de Slim”, añadió Lisac.
La firma Ideal dijo el lunes pasado a través de un comunicado difundido en México que la orden de embargo de sus bienes en Panamá no se apega a derecho, no señala monto o cuantía del embargo, no está en firme ni resolvía en definitiva el diferendo legal. 

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