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El estado de Nuevo México presenta demanda por derrame tóxico 

El estado de Nuevo México presenta demanda por derrame tóxico
El Estado de Nuevo México presentó hoy una demanda en contra de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y los dueños de dos minas en Colorado por un derrame tóxico ocurrido el año pasado que contaminó fuentes de agua en tres estados. EFE/Archivo

24 de mayo (EFEUSA).- El Estado de Nuevo México presentó hoy una demanda en contra de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y los dueños de dos minas en Colorado por un derrame tóxico ocurrido el año pasado que contaminó fuentes de agua en tres estados.
La Oficina del Procurador de Justicia del Estado de Nuevo Mexico, Héctor Balderas, junto con el Departamento de Medio Ambiente, presentaron la demanda hoy ante la Corte Federal en Santa Fe.
Los demandantes afirman que el derrame químico que afectó directamente al Río de las Ánimas y San Juan tuvo un impacto “catastrófico” para el medio ambiente, la salud pública y la economía de la región.
El pasado mes de agosto aguas tóxicas de color amarillo, debido a la mezcla de metales pesados provenientes de la Mina Gold King en Colorado, contaminaron más de un millón de galones de agua residuales en por lo menos tres estados, entre ellos Nuevo México, y la Nación Navajo.
Los químicos comenzaron a filtrarse cuando una cuadrilla de limpieza supervisada por la EPA accidentalmente rompió un dique de escombros que se había formado en la mina de oro abandonada, provocando el derrame de 880.000 libras de metales como cobre, mercurio y zinc.
“El derrame de sustancias tóxicas dentro de nuestra agua, que es el alma de nuestra economía y cultura en Nuevo México, ha tenido un impacto devastador en nuestras comunidades rurales, en la agricultura y las comunidades indígenas”, dijo Balderas en un comunicado de prensa.
Aseguró que la compensación monetaria que han recibido los afectados ha sido mínima, dañando a los agricultores y comunidades que dependen del río como única fuente de irrigación y de agua potable.
“Los afectados deben de ser propiamente compensados y se debe de establecer un sistema para evitar derrames similares que afecten la salud pública y la economía”, aseguro el procurador.

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