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Activista favorecida con DACA denuncia represalias a causa de su activismo 

Activista favorecida con DACA denuncia represalias a causa de su activismo
Los estudiantes indocumentados Lizbeth Mateo de Los Ángeles (California), Tania Unzueta de Chicago (Illinois), Mohammad Abdollahi de Ann Arbor (Michigan) y Yahaira Carrillo de Kansas City (Missouri) junto con el nativo de Arizona Raúl Alcaraz, sentados en protesta de la ley SB1070. EFE/Archivo

Los Ángeles, 30 jun (EFEUSA).- Lizbeth Mateo, una estudiante indocumentada que puede aplicar al programa federal de la Acción Diferida (DACA) denunció hoy que podría verse impedida de recibir este alivio temporal migratorio por salir del país para ayudar a otros estudiantes que han sido deportados.
“Este programa no está regulado por el Congreso, es un beneficio otorgado a discreción de los oficiales que revisan cada caso y creo queme están castigando por mi activismo”, dijo a EFE Mateo, de 31 años y quien cree que es víctima de represalias por parte de las autoridades federales.
Mateo, oriunda de Santiago Matatlan, en el estado mexicano de Oaxaca, explicó que solicitó la protección de la Acción Diferida en octubre de 2015 y a pesar de que cumple con todos los requisitos para obtener el amparo migratorio los oficiales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) le advirtieron que el viaje fuera del país que hizo por 13 días en 2013 la haría inelegible.
“La salida fue muy breve, estuve con mi familia, no salí a cometer ningún delito, no debería afectar mi caso”, asegura Mateo a Efe.
El viaje que la indocumentada efectuó en 2013 hacía parte de los esfuerzos por llamar la atención sobre los jóvenes deportados y los que no han podido ver a su familia, y demostrar así la necesidad de ampliar el beneficio de DACA e instaurar su equivalente para padres indocumentados (DAPA).
El 22 de julio de 2013, Mateo, junto a Lulú Martínez, Marco Saavedra, Adriana Díaz, Caferino Santiago, Claudia Amaro, Luis León, María Peniche y Rosie Rojas se unieron para volver a Estados Unidos a través de la frontera de Nogales, en el estado mexicano de Sonora.
Los inmigrantes, conocidos como Dream 9, fueron detenidos por las autoridades federales y al menos 8 de ellos continúan con su proceso de asilo político. Mateo logró que los fiscales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerraran su caso.
“Lizbeth no tiene ninguna orden de deportación, tampoco fue deportada, ni ha firmado una salida voluntaria, y en los pasados 17 años ha vivido dentro de Estados Unidos. Ella tiene el derecho de beneficiarse con DACA”, aseguró el abogado de la activista, Luis Angel Reyes Savalza.
Reyes y Mateo advirtieron que esta no sería la primera vez que el gobierno federal toma acciones contra una activista.
Hace un mes, Nadia Sol Ireri Unzueta Carrasco, de 29 años, interpuso una queja legal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), por negarle la renovación del beneficio DACA.
El gobierno argumentó que la joven fue arrestada en una acción de desobediencia civil, aunque sus abogados alegan que la inmigrante no fue convicta en ninguno de los cargos. Además, más de 500 profesores firmaron una petición respaldando a la joven.
En el caso de Mateo, aunque la indocumentada podía ampararse desde 2012, cuando entró en vigencia el programa, su situación económica y su activismo la obligó a mantenerse estos años como indocumentada y recién aplicar al programa el año pasado.
Ahora que la inmigrante se graduó de la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara, en California, quiere un permiso de trabajo para ejercer su profesión y seguir con su trabajo comunitario.
“No podemos dejar que callen nuestras voces”, aseguró.
Joanne M. Ferreira, vocera de USCIS, dijo a EFE que la institución no puede hacer comentarios sobre casos específicos.

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