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Senado de México aprueba cambios a ley anticorrupción hechos por el Ejecutivo 

Senado de México aprueba cambios a ley anticorrupción hechos por el Ejecutivo
El presidente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya (c) y el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Agustín Basave (d) durante una rueda de prensa donde el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una alianza para trabajar de forma conjunta y "de raíz" las leyes secundarias que pongan en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. EFE/ARCHIVO

6 jul (EFE).- El Senado de México aprobó hoy las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al considerar “innecesaria” la obligación impuesta a particulares de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.
El pleno senatorial aprobó con 80 votos en favor, 19 en contra y cuatro abstenciones los cambios a diversos artículos de dicho ordenamiento, conocido como Ley 3de3, proveniente de una iniciativa ciudadana.
El dictamen de la ley, que fue enviado a la Cámara de Diputados para su consideración, precisa que “permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.
Subraya que la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
No obstante, deja claro que estos cambios no implican que los particulares no deban someterse a reglas legales en las relaciones que entablen con el Estado, sino que las cargas que se les impongan deben ser racionales, proporcionales y atender a supuestos específicos.
El pasado 23 de junio, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, vetó el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos relacionados, por lo que devolvió al Senado esta polémica iniciativa anticorrupción.
El artículo 32, propuesto desde el Legislativo, establece que toda persona física o moral que reciba recursos públicos tenga que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y fue muy criticado por la confederación patronal mexicana.
“El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que seria imposible procesar millones y millones de declaraciones”, explicó en su momento el consejero jurídico del Gobierno, Humberto Castillejos.
Según reconoció Castillejos, el artículo en cuestión implicaba que todo individuo o empresa que recibiera o ejerciera recursos públicos, desde un contratista y sus empleados a un becario, tendría que hacer la declaración patrimonial y de intereses.
“Ello inhibiría a particulares a prestar servicios al Gobierno”, valoró el funcionario, que consideró que esta medida sería “contraria” a los derechos humanos, perjudicaría la privacidad y sería “excesiva”.
Sin embargo, las modificaciones aprobadas hoy por el Senado no tocan otro de los artículos más controvertidos, el 29.
Este fue modificado por los senadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su aliado el Verde Ecologista para permitir que, en el caso de la declaración de patrimonio y de intereses, los funcionarios gubernamentales no estén obligados a publicar información que pueda “afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

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